La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, manifestó que se debe garantizar la libertad de expresión del personal médico en su entidad, que es un derecho establecido por la Constitución, en su caso, se pueden establecer límites, pero esto es por parte de legisladores federales y locales, no por gobernador.
Aunado a la situación de salud, el viernes 6 de noviembre, el secretario de salud del estado envió un oficio mediante el cual solicita que se tomen las acciones pertinentes, con el fin de evitar que los servidores públicos del sector salud emitan cualquier tipo de pronunciamiento sobre el tema del Covid-19.
Por lo anterior, Gina Cruz presentó por Oficialía de Partes, una Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; y al secretario de salud de la entidad, Alonso Óscar Pérez Rico, a respetar la libertad de expresión del personal de salud que labora en la Secretaria de Salud del Estado, así como a respetar el principio de máxima publicidad para garantizar el pleno acceso a la información sobre la situación de la pandemia en la entidad.
La legisladora por Acción Nacional, manifestó que Si bien es entendible que el gobierno del Estado de Baja California quiera mantener un canal único de información sobre el tema para evitar la duplicación de datos y malos entendidos para la población, no se puede llegar al extremo de coartar la libertad de expresión del personal médico.
Ya que como se establece en el artículo 6 de la Constitución: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Por lo que el gobierno del Estado debe abstenerse de adoptar medidas autoritarias que socaven la libertad de expresión de la ciudadanía, y en este caso en particular, de los trabajadores del sector salud, señaló.
La garantía del derecho a la salud tutela un bien público de la primera importancia, por lo que su restricción puede atentar de manera directa contra el bienestar de las personas, aseveró Gina Cruz.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha previsto explícitamente los supuestos bajo los cuales puede limitarse el derecho a la información, y ha establecido claramente que la restricción al derecho a la información sólo puede ser establecida por el legislador federal o local y no por las autoridades administrativas.
Gina Cruz explicó que la pandemia del Covid-19 presentó sus primeros efectos en el país en el mes de marzo, desde entonces hasta el 28 de noviembre, se han presentado 1 millón 100 mil 683 casos positivos del virus, y 105 mil 459 muertes.
Estas cifras colocan a México como uno de los países con la mayor tasa de mortalidad por Covid-19 de todo el mundo, superando a países como Brasil, Bolivia y Ecuador. A esto debemos sumarle que somos el país donde han muerto el mayor número de personas del sector salud, nuestra primera línea de defensa en contra del virus.
Por otro lado, en mi Estado Baja California, las cifras de infectados alcanzan ya las 25 mil 322 personas y 4 mil 215 fallecimientos por Covid-19.
La ocupación hospitalaria en el Estado creció a casi 56%, mientras que en Tijuana ya supera el 60%, según datos del secretario de salud de la entidad, el Dr. Alonso Óscar Pérez Rico.
Los trabajadores del sector salud han realizado afectados de igual manera, ya que, hasta finales del mes de junio, los contagios del personal médico representaban un 24 % del total, con 1 mil 782 infectados y 16 decesos.
