La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc) del Congreso local, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, avaló de manera unánime el proyecto de dictamen que contiene una reforma al artículo 7 de la Constitución del Estado, a fin de inscribir en dicho texto constitucional la autonomía de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
En su exposición de motivos, los inicialistas diputado Juan Manuel Molina García y diputada Montserrat Caballero Ramírez, argumentaron lo siguiente:
“A esta Universidad consideramos importante destacar que, aun cuando su existencia emana directamente del texto estipulado en el artículo 3ro. de Ia Constitución General de Ia República, es necesario asentar también su esencia legal en Ia Constitución local, a bien de fortalecer su autonomía y las facultades que contiene su Ley Orgánica puedan ejercerse a cabalidad, dotándosele en su momento inclusive de facultad de iniciativa de reforma de su propia Ley Orgánica, lo cual vendrá a consolidar su avance como institución de Educación Superior de excelencia en el Estado”.
Asimismo, este órgano dictaminador aprobó unánimemente dos proyectos de dictamen que contienen propuestas del Poder Ejecutivo estatal; la primera es una iniciativa para adicionar diversas fracciones al artículo 8 de la Carta Magna local, a fin de fortalecer el esquema de protección de los derechos humanos y proteger con mayor fuerza legal a los bajacalifornianos, así como sancionar de manera ejemplar a las autoridades y funcionarios que, de forma perniciosa o por omisión, violenten sus derechos.
En ese sentido, queda establecido que los residentes de la Entidad tendrán derecho a ser informados periódicamente, con información veraz y objetiva, por las autoridades del Estado sobre las actividades que realicen en beneficio de la población; tener acceso gratuito a internet en las plazas y edificios públicos, así como a una justicia pronta, expedita y eficaz; además, a que se les apoye con un mínimo indispensable para vivir cuando se decrete por el Ejecutivo estatal una emergencia sanitaria, de desastre o cualquier otra prevista por la ley.
Por otro lado, se inscribe en dicho artículo que sus habitantes tendrán la prerrogativa de vivir en ciudades seguras y libres de contaminación; a que se les apoye con un mínimo indispensable para vivir cuando sean familias de escasos recursos o caigan en la indigencia; a que se les indemnice cuando las autoridades estatales y municipales no actúen con diligencia y precaución en la realización de obras públicas, así como a que se aplique el principio de la paridad de género en la integración del gabinete legal y ampliado y en los puestos de la administración pública estatal y municipal.
La Comisión de Gobernación dio el sí también al proyecto de dictamen que establece que, derivado del estudio y análisis del perfil de la terna de aspirantes propuestos por el gobernador del Estado para ocupar el cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, se concluye que los ciudadanos que reúnen los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar el referido puesto son Francisco Javier Tenorio Andújar, María Adolfina Escobar López y Carlos Barboza Castillo.
En el mismo dictamen se dispone que, conforme al procedimiento establecido en la Constitución de Baja California, el Pleno del Congreso deberá realizar la designación del titular de la Fiscalía Especializado para la Atención de Delitos Electorales, de entre los aspirantes contenidos en la terna remitida por el gobernador, mediante votación por cédula y por mayoría calificada.
En la sesión de la Cglpc estuvieron las y los legisladores integrantes Juan Manuel Molina García, presidente; Rosina del Villar Casas, secretaria, y los vocales Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Eva Gricelda Rodríguez, Julia Andrea González Quiroz, Julio César Vázquez Castillo y Gerardo López Montes.
