Una comisión de expertos que integrarán en Oficialía Mayor del próximo gobierno estatal, pondrá especial atención en la urgente revisión de activos patrimoniales, contratos leoninos, nóminas dobles, gastos ostentosos, aviadores, desvíos de recursos y desincorporación de inmuebles del patrimonio oficial, realizados por la administración del todavía gobernador “Kiko” Vega.
Esta misión fue encomendada por el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, al equipo y titular propuesto de la Oficialía Mayor, Ing. Jesús Núñez Camacho, en la reunión en la que le fue presentado el Plan de Trabajo para cuando asuman sus funciones a partir del 1 de noviembre entrante, pero también el “estado de cosas” que hasta la fecha tienen conocimiento.
Dijo el próximo mandatario estatal a los futuros servidores de Oficialía Mayor, que esta dependencia es la “columna vertebral” de su gobierno y planteó la urgencia de rastrear la información requerida, porque hasta el momento siguen esperando más del 40 por ciento de la documentación solicitada al gabinete kikista y que, a pesar de estar muy cerca la transición, “parece no importarles”.
Atribuyó esa “resistencia” de funcionarios estatales a punto de concluir su ejercicio, al hecho de que “no han querido entender que ya se van o no saben cómo hacer una transición, porque durante treinta años estuvieron en el poder y solamente se cambiaban de una secretaría a otra; estaban muy seguros de así seguirían seis años más, pero no, más les vale que reconozcan que ya se van”.
“Ni siquiera el gobernador Kiko Vega sabe cuántos empleados tiene en su gobierno, cuántas secretarías conforman su organigrama; eso lo comprobé en una ocasión en que lo encontré en un mismo vuelo y se acercó a mí, lo que aproveché para hacerle algunas preguntas sobre esos temas, pero comprobé que está totalmente desconectado y tiene una administración desordenada, desatendida”, enfatizó.
En la reunión aludida, el propuesto Oficial Mayor de la siguiente administración, Ing. Jesús Núñez Camacho, precisó que en esta dependencia laboran 858 empleados, 85 muebles arrendados, 161 inmuebles invadidos, 23 bienes en proceso de desincorporación y 8 predios desincorporados por licitar para su venta.
Con los cambios administrativos que implementarán a partir del 1 de noviembre próximo, cuando inicie el régimen estatal encabezado por el hoy gobernador electo, Bonilla Valdez, las adquisiciones serán transparentes y las licitaciones se harán mediante concursos que transmitirán en vivo, con la participación ciudadana mediante la elección abierta de un representante en el Comité de Adquisiciones y Licitaciones.
Como lo había anticipado, está considerado un plan para la integración de las llamadas MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) en los procesos de compras, como proveedores, para favorecer la economía regional y un ahorro sustancial de $900,000,000.00 pesos, en un rango de 20% por invitación, 20% por compras directas; y, 60% por licitación pública. Antes, las compras directas fueron del 20%.
