Según nuestra Constitución, la participación ciudadana es considerada como una de las bases que conforman el sistema nacional de seguridad. Igualmente, la Ley Nacional de Seguridad Publica, establece que para mejorar la seguridad, las instituciones promoverán la participación de la comunidad, señaló Juan Manuel Hernández Niebla.
El empresario destacó que en Baja California existe el reglamento del consejo ciudadano de seguridad pública estatal, así como los reglamentos internos de comités ciudadanos para cada municipio, todos con el objetivo de conformar redes ciudadanas, que a través de una estructura legal y organizada, trabajen y se coordinen con los funcionarios responsables de la seguridad con el objetivo de combatir el delito.
Mencionó que los objetivos principales de estos reglamentos son emitir opiniones en materia de leyes, elaborar estudios y encuestas de percepción y victimización ciudadana, la evaluación de programas de seguridad, la promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia, la promoción de programas de prevención al delito y de salud pública destinados al mejoramiento del tejido social y la prevención y combate a las adicciones.
“Estos consejos ciudadanos están actualmente vigentes e históricamente han hecho una gran labor. Sin embargo, ante la situación de inseguridad que se vive actualmente, es necesario tomen un papel más activo. En el área de profesionalización y coordinación policíaca, se debe pugnar por una continuidad en los programas de seguridad que trasciendan al alcalde y al gobernador en turno.
Otra pieza fundamental es la presencia policiaca. Se debe asegurar que existan el número adecuado de policías por cada 100 mil habitantes según las características de cada ciudad, asegurándose exista una coordinación proactiva entre los policías de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el ejército”, expresó.
Hernández Niebla, añadió que de igual manera debe de haber un proceso de depuración constante y por consecuencia el reclutamiento frecuente de candidatos a policías es esencial.
Comentó que en el área de procuración de justicia, se debe establecer un tablero de control y seguimiento que mida diversas variables como lo son número de agentes y agencias de ministerio público, personal en la procuraduría, así como número activo de magistrados, jueces y personal en los tribunales de justicia.
El personal penitenciario se debe medir entre capacidad instalada y número de reclusos. En materia de administración de justicia, delitos registrados y porcentaje de encarcelados por homicidios y averiguaciones previas, evaluando sentenciados entre ingresos penitenciaros y porcentaje de reclusos sin sentencia, indicó.
“Todo esto tomando en perspectiva la cifra negra entendida como delitos no reportados ni denunciados, mismos que han aumentado considerablemente en los últimos años. Finalmente, en materia de prevención al delito se le debe dar un especial énfasis al combate a las adicciones como un problema de salud pública. De igual manera, hacer un inventario de todos los programas de prevención al delito vigentes en el Estado, asegurándose se coordinen y retroalimentan entre sí, midiéndolos en base a avances y resultados en el mejoramiento del tejido social. Mucho por hacer en materia de seguridad, los ciudadanos debemos involucrarnos”, opinó.
