La diputada Claudia Agatón Muñiz presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley del Notariado, con el propósito de apoyar a los grupos vulnerables en diversos actos jurídicos.
La propuesta fue presentada este día ante el Pleno de la Asamblea, durante la sesión ordinaria de la Vigésima Segunda Legislatura, la cual fue conducida por el diputado Raúl Castañeda Pomposo.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) expuso en tribuna que se han detectado entre las personas consideradas como grupos vulnerables múltiples quejas debido a los altos costos que conlleva el realizar un acto jurídico ante un notario público, “no les es posible cubrir dichos conceptos, por lo que se les imposibilita regularizar o materializar su situación patrimonial”.
Añadió que esto ocasiona efectos adversos tanto a la economía como a la seguridad jurídica en el patrimonio de miles de familias, ya que al carecer de recursos para cubrir estos pagos y no tener certeza jurídica de sus bienes, aunado a otras circunstancias como el desempleo y “los raquíticos salarios que suelen ganar la media estatal y municipal, corren el riesgo de perder su patrimonio”.
Agatón Muñiz refirió que de acuerdo a la medición de pobreza 2014 en el Estado de Baja California, llevada cabo por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL), 912 mil 900 personas corresponden a la categoría de población no vulnerable, lo que representa el 26.5 por ciento de la población total.
Sin embargo, 984 mil 900 personas corresponden a la categoría de población en situación de pobreza (28.6 por ciento), de lo cual106 mil 500 personas se encuentran en pobreza extrema (3.1 por ciento) de la población total y un millón 319 mil 500 personas se encuentran en la categoría de población vulnerable por carencias sociales (38.3); como rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacio de vivienda, servicios básicos en la vivienda y de alimentación.
Por otro lado, agregó la diputada petista, la figura del Notario Público es de suma importancia para garantizar la seguridad jurídica del patrimonio de las personas físicas y morales de la entidad, misma que establece en el artículo 7 de la Ley del Notariado para el Estado de Baja California, que es “la persona investida de fe pública para hacer constar los contratos, actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes, y autorizado para intervenir en la formación de ellos, revistiéndolos de solemnidad y forma legales”.
Por cuanto hace a la reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la reforma propuesta es: “Suscribir con las Notarías Públicas del Estado de Baja California, convenios para facilitar y canalizar a personas con escasos recursos, el trámite de diversos actos jurídicos en materia de su competencia, garantizando la seguridad jurídica de sus patrimonios.
Respecto a la Ley del Notariado la propuesta es la siguiente: ““El Ejecutivo del Estado podrá requerir a los Notarios del Estado, y éstos estarán obligados a la prestación de los servicios notariales, cuando se trate de asuntos de interés social. Para tal efecto, el Ejecutivo fijará las condiciones bajo las cuales se prestarán dichos servicios”.
