- Diputado Humberto Valle propone una adición a la Ley Nacional del Sistemа Integral de Justicia Penal para Adolescentes
- La pretensión no es juzgarlos como adultos en un sentido procesal, sino aplicar una consecuencia jurídica proporcional a la gravedad del hecho
Mexicali, B.C. miércoles 6 de mayo de 2026.- La privación ilegal de la libertad, el secuestro, la extorsión y el homicidio ya no son conductas exclusivas de adultos, debido a que los adolescentes son cooptados, engañados o forzados a participar en estos ilícitos, indicó el Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros.
Mencionó el Legislador del Partido Revolucionario Institucional que la percepción de una justicia penal, si bien es especializada y garantista, en ocasiones resulta insuficiente para contener el riesgo que representan estas conductas.
Actualmente esta Ley objeto de la reforma, establece un sistema de justicia restaurativa y de reinserción social, sin embargo, cuando un adolescente entre 14 y 17 años participa en un secuestro o privación ilegal de la libertad con violencia, nos encontramos ante un acto de extrema lesividad social que requiere una respuesta proporcional a la gravedad del hecho.
Existe una laguna en la percepción de la aplicación de la Ley que no siempre permite a las autoridades judiciales, imponer el internamiento preventivo de manera inmediata y efectiva en estos casos, lo que genera un alto riesgo de sustracción de la justicia o de reincidencia, mientras se sustancia el proceso.
Además, la presente iniciativa se encuentra sustentada en lo dispuesto por la Constitución Mexicana y Jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; con fundamento en específico en los numerales 18 y 71 fracción III de nuestra Carta Magna, así como en los criterios emitidos por la SCJN.
Recientemente, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto que endurece la responsabilidad penal adolescente para 14 delitos de mayor gravedad, incluyendo secuestro con homicidio y violación con homicidio.
La iniciativa chilena busca que estos delitos tengan penas más altas y que la internación provisoria (equivalente a nuestro internamiento preventivo) sea más rigurosa, impidiendo la libertad del adolescente mientras se resuelven los recursos. Y esto demuestra una tendencia regional a ajustar los sistemas de justicia juvenil para enfrentar la criminalidad violenta, sin abandonar el enfoque de derechos.
Por tales motivos, propuso adicionar un artículo específico que regule el internamiento preventivo para delitos graves, estableciendo un catálogo claro de ilícitos y requisitos procesales que doten de certeza jurídica a las autoridades y garanticen la protección de las víctimas y la sociedad.
Finalmente, puntualizó que no se busca juzgar a los adolescentes como adultos en un sentido procesal, sino aplicar una consecuencia jurídica proporcional a la gravedad del hecho.
