· Falta de aprobación de esta reforma refleja indiferencia hacia seguridad y justicia laboral en México
· Cuestionable la priorización de gastos en propaganda política de Morena sobre el apoyo a las fuerzas de seguridad
La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge acusó que el bloqueo de este dictamen por parte de Morena en el Senado demuestra una preocupante confrontación política en relación con la seguridad nacional y pone en evidencia una indiferencia hacia el impacto negativo que tiene en más de medio millón de policías estatales, municipales, ministerios públicos, peritos y custodios de todo el país.
Esta reforma tendría un impacto positivo en una amplia gama de profesionales de seguridad en todo el país, indicó.
Según datos proporcionados, se estima que beneficiaría a 221 mil policías estatales; 190 mil policías municipales; a 3 mil 228 Agencias o fiscalías del Ministerio Público, 804 Unidades administrativa y 497 Unidades administrativas y agencia o fiscalías del Ministerio, así como a 11 mil peritos y custodios, dijo.
Estos números subrayan la relevancia y el alcance significativo de la legislación propuesta, acotó la legisladora panista.
“La falta de aprobación de esta reforma por parte de Morena y sus aliados envía un mensaje preocupante al pueblo de México: demuestra una indiferencia hacia la seguridad y la justicia laboral. Es fundamental reconocer el impacto negativo que esta postura puede tener en la protección y el bienestar de nuestra sociedad”, abundó.
Es relevante destacar que, en abril de 2023, el dictamen fue aprobado por unanimidad en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, como resultado de la iniciativa presentada por la senadora Gina Cruz. Sin embargo, desde entonces, el dictamen ha sido retirado de la orden del día por la Mesa Directiva en dos ocasiones.
“Hoy en día, nuestra Constitución mantiene una injusticia flagrante para aquellos que dedican sus vidas a velar por nuestra seguridad. Los trabajadores que son despedidos de manera injustificada y luego reinstalados por resolución judicial se encuentran en una situación de completa desventaja: no se les reconoce antigüedad ni se les garantizan sus derechos laborales”, dijo.
De acuerdo con la legisladora, esta situación representa una clara arbitrariedad que carece de justificación. Es de elemental justicia que aquellos que son separados injustificadamente de sus cargos, tengan el derecho a recibir una indemnización adecuada y todas las prestaciones correspondientes, o a ser reinstalados según lo determine la ley.
Gina Cruz cuestionó con firmeza: ¿por qué si hay dinero para el dispendio y el abuso, para la propaganda política de su candidata y para inundar nuestras calles con basura electoral, pero no los hay para apoyar a policías, ministerios públicos, custodios y peritos?
Cabe destacar que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República anunció que el dictamen había sido diferido para la próxima sesión, programada para el jueves 8 de febrero.
