La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, manifestó que la contrarreforma a la industria eléctrica presentada por el Ejecutivo federal, es retrógrada e inconstitucional, ya que pretende regresar el monopolio de este sector a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en perjuicio de los bolsillos de los consumidores finales, que somos todos los mexicanos.
“Rechazamos rotundamente el intento presidencial de dar marcha atrás a una serie de medidas que crearon órganos autónomos, promovieron la competitividad en el sector energético y beneficiaron de manera importante a las y los consumidores finales”.
La iniciativa presidencial de reformas a la industria eléctrica y a los órganos reguladores en materia energética es un grave retroceso para México, expresó Gina Cruz.
Las reformas propuestas son un regreso al pasado estatista, y reflejan una visión anticuada del país, en un entorno globalizado en el que la competitividad, la transición hacia las energías renovables y la autonomía de los órganos estatales en materia energética son vitales para la prosperidad de la Nación.
Explicó que con la iniciativa se pretende convertir a la CFE en un actor monopólico, con lo que se violan disposiciones constitucionales en materia de competencia económica.
Además, se propone desaparecer a órganos reguladores cruciales para la adecuada conducción de la política energética, como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de la Energía, y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); esto representa una abierta y lamentable violación a nuestra Constitución.
La iniciativa es francamente regresiva y ataca directamente al sector privado, ya que cancela todos los permisos de generación eléctrica otorgados para autoconsumo y los contratos de compraventa de electricidad con este sector.
Además se prevé que la CFE generará y comercializará el 54% del consumo eléctrico nacional, dejando a la iniciativa privada con el 46% restante, lo que afectará a las y los consumidores finales.
En el mercado emergente del litio se cancelarán todas concesiones para su explotación, por lo que el Estado será la única entidad que intervendrá en su exploración y producción, señaló la legisladora bajacaliforniana.
“Esto representa un serio daño a la competitividad y a las finanzas públicas, ya que el gobierno se verá obligado a invertir cuantiosas cantidades de recursos de los que no dispone actualmente”.
