La Senadora por Baja California Gina Cruz Blackledge, manifestó que debido al recorte del presupuesto de 75 % a diversas entidades de la administración pública federal, para la atención al Covid-19, las más afectadas serán las víctimas que quedarán sin atención, cuando sus derechos humanos son prioritarios.
Por lo anterior, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, como son: Kenia López Rabadán, Mauricio Kuri González, Sylvana Beltrones Sánchez, Juan Zepeda Hernández y Gina Andrea Cruz Blackledge, enviamos una solicitud al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, para que no se aplique este recorte a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
Gina Cruz destacó que la protección de los derechos humanos de las víctimas es prioritaria en todo momento, más aún en medio de la pandemia por la que atraviesa nuestro país.
El pasado 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se dispone la aplicación de distintas medidas para enfrentar la crisis económica y sanitaria que actualmente se sufre.
En su numeral II se establece que “no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros” de las dependencias y entidades que integran la administración pública federal.
Explicó que una de las instituciones afectada por dicha medida es la CEAV, que por mandato legal es la encargada de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.
Gina Cruz señaló que de aplicarse las medidas publicadas el 23 de abril pasado, la CEAV frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
“Lo anterior pone en riesgo servicios vitales de atención a víctimas como lo son: la asesoría jurídica federal, que da acompañamiento a través de abogados y peritos a las víctimas de violaciones a derechos humanos; la operación del Registro Nacional de Víctimas; la implementación de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral; así como la atención psicológica, social, jurídica y médica que brindan los 32 Centros de Atención Integral con los que cuenta, entre otras serias implicaciones”.
La legisladora mexicalense comentó que adicionalmente se dejará sin trabajo al 60% del personal de la CEAV, ya que se encuentran contratados bajo la figura de subcontratación y eventualidad, por lo que sus salarios dependen de las partidas señaladas.
Es importante mencionar que el propio decreto establece excepciones y entre ellas se encuentra (fracción V, numeral 38) la defensa de los derechos humanos, aseveró Gina Cruz.
