El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Manuel Molina García, mediante el cual se exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), con el fin de que se agilicen y resuelvan las investigaciones relacionadas con denuncias de presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de cientos de maestros en activo y jubilados, por parte de organizaciones denominadas “cajas de ahorro”.
Para ello, se pide dar celeridad a la integración de las carpetas de investigación NUCS 02-2018-02762 y las acumuladas al NUC 02-2016-30506, radicadas en la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Estado, Sociedad y Justicia, por la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta, fraude genérico, fraude específico, fraude procesal, asociación delictuosa, insolvencia dolosa, adquisición, receptación y ocultamiento de bienes productos de un delito.
Asimismo, se solicita a la FGJE considerar la pertinencia de conformar una Fiscalía Especial para este asunto, dotándosele del presupuesto necesario para el debido cumplimiento de su objetivo y resolver así, lo más pronto posible, estos asuntos.
“Hemos tenido conocimiento, gracias a los medios de comunicación, de la existencia de diversas denuncias presentadas por grupos de maestros en activo y jubilados, en donde acusan la presunta comisión del delito de fraude y administración fraudulenta que repara perjuicio a cientos de ellos, habiendo acudido a diversas instancias a lo largo de los años, siendo un hecho que a la fecha, la mayor parte de ellos no han recibido una resolución definitiva y, mucho menos, se han visto resarcidos en el daño que señalan como causado”, señaló Molina García en su exposición de motivos.
El legislador de Morena indicó haber recibido un escrito de los denunciantes, donde afirman ser mil seis víctimas afectadas en su patrimonio, por un monto que asciende a la cantidad de $777 millones 652 mil 747 pesos moneda nacional, y donde señalan de manera directa a quienes dicen representar a las asociaciones civiles denominadas como “cajas”.
Por otro lado, mencionó que los afectados refieren que, desde el año 2018 se ocupa, entre otras diligencias, la elaboración de un dictamen en contabilidad forense, así como la participación de un equipo de fiscales especializados, policías especializados y espacios suficientes para el manejo de los documentos, cuestión que obviamente se justifica por el número tan grande de personas dañadas.
“Es de mencionarse que, a la fecha, el dictamen de contabilidad forense no se ha realizado porque la Fiscalía General del Estado les ha manifestado que no tiene personal experimentado en el tema, ocupándose para ello una Ampliación de Partidas Presupuestales para esos efectos, según les han comentado”, puntualizó el legislador.
Por último, el diputado Juan Manuel Molina indicó que según el dicho de las personas afectadas, “las pasadas administraciones de procuración y administración de justicia dejaron de actuar como debían de manera pronta y expedita, afirmando que su preocupación es que vieron que les ha sido imposible que se sancione a personas, como los imputados, que afirman tienen un gran poder económico, tildando de que estos burlaron al gobierno, y esto generó impunidad”.
“Es un hecho que han manifestado su confianza en este nuevo gobierno y sus titulares, con quienes han tenido acercamientos serios, pero que en este momento es de suma trascendencia acelerar los esfuerzos, principalmente, porque hay quienes perdieron casi todo su patrimonio y apenas subsisten ellos y sus familias, así como aquellos maestros y maestras jubilados que no pueden esperar, cuando el tiempo avanza y la edad también, lo cual los coloca en situación vulnerable, y más si no han recuperado los ahorros para ellos de toda una vida”, concluyó.
