El Pleno de la Asamblea Legislativa de Baja California aprobó por unanimidad, un punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Manuel Molina García, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo estatal, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al director de Issstecali, con la finalidad de que solucionen de inmediato la problemática que aqueja a los trabajadores del Poder Judicial.
En su exposición de motivos, el inicialista expresó que es del dominio público la noticia de que los trabajadores del Poder Judicial hicieron un paro de labores en defensa de sus derechos, a fin de hacerse escuchar.
Agregó que entre los problemas que mencionan, se encuentra la falta de entrega de las cuotas a Issstecali, no bastante que ya les fueron retenidas; la carencia de insumos de trabajo, como lo son papelería, hojas, material de limpieza y hasta papel sanitario, así como la nula entrega de los descuentos vía nómina a los proveedores de servicio con los cuales tiene convenios dicho Poder, lo cual ha redundado en atraso de pagos de servicios y entrada al Buró de Crédito de muchos trabajadores, no obstante habérseles hecho el descuento.
Asimismo, la falta de entrega de estímulos y bonos de reconocimiento de antigüedad a trabajadores, como regularmente se había hecho, dijo el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la Vigésima Tercera Legislatura local.
Molina García subrayó: “Es sumamente grave que donde se debe administrar justicia, se esté viviendo la injusticia, máxime cuando es por demás sabido que el gobierno ha gastado recursos de manera indebida e inclusive los ha puesto en riesgo, y cuando los magistrados del Poder Judicial fueron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a demandar para ellos un Haber de Retiro, y el día de hoy no sean capaces de velar por la estabilidad y seguridad de sus propios trabajadores”.
Por último, refirió que es un hecho que la administración de justicia en Baja California pasa por una severa crisis financiera, lo cual ha redundado a la fecha en una afectación directa en el servicio prestado a los justiciables, y ello no precisamente por la falta de voluntad de los funcionarios que prestan el servicio a los ciudadanos, aseguró el legislador, sino que, al igual que los maestros del Estado, se han visto afectados en la provisión de insumos para realizar su trabajo, pero lo más grave, en su salario y demás prestaciones que les concede la Ley.
