Con prisión de 2 a 7 años, y multa de 30 a 150 días, propuso la senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, que sean castigados los servidores públicos que cometan perjurio.
Esta tarde, la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República, subió a tribuna para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, en Materia de Falsedad de Declaraciones.
La legisladora mexicalense, mencionó que la verdad es uno de los derechos fundamentales no previsto debidamente en varios ordenamientos jurídicos.
“La mentira destruye la confianza, pero siempre la verdad, la fortalece, pasemos de los dichos a los hechos, recuerden compañeros, no robar, no mentir, no traicionar”, expresó Gin Cruz.
“El derecho a la verdad no se contempla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los particulares, estando ausente de la parte dogmática de nuestra Carga Magna”.
Gina Cruz comentó que a pesar de la previsión de la protesta de decir verdad por parte de los servidores públicos en relación con los artículos 69 y 93 constitucionales, nuestro orden jurídico no sanciona la falsedad en la declaración.
No obstante, dijo, observamos una asimetría preocupante en nuestras leyes, ya que, para el caso de declaraciones de los particulares ante la autoridad, sí se sanciona la falsedad en el Código Penal Federal cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.
“Si las autoridades que informan al Poder Legislativo sobre sus acciones y políticas no están obligadas a decir la verdad, más que por una protesta que pueden romper sin mayores consecuencias.
“La entrega de informes y las comparecencias pierden credibilidad y se convierten en meros ejercicios retóricos e incluso demagógicos”.
“En política, la mentira significa el fin de todo debate. Mentir hace perder la confianza, confunde las consciencias, anula el diálogo y destruye las instituciones humanas”.
Hoy día, la propaganda gubernamental se basa en promover logros de gobierno y no en hablar con la verdad. El discurso gubernamental se ha caracterizado por revelar mucho menos de lo que oculta, señaló la legisladora mexicalense.
Por ello, es de vital importancia que la ciudadanía pueda confiar en que sus autoridades hablarán con la verdad, en todos sus actos y eventos.
El control parlamentario es uno de los mecanismos más poderosos para someter a las autoridades a un ejercicio de rendición de cuentas caracterizado por la objetividad y la transparencia, expuso Gina Cruz.
Por lo anterior, ha propuesto que se añada una fracción VII al Artículo 214 del Código Penal Federal:
VII. Comparezca ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o ante sus comisiones, con base en lo previsto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al rendir informe bajo protesta de decir verdad, incurra en falsedad de declaraciones.
Al infractor de las fracciones III, IV, V, VI y VII se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.
