La Diputada Federal de por el Distrito 2 de Baja California, Lizeth Noriega Galaz, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal del Trabajo, y establecer la obligación a las grandes empresas en México de implementar protocolos para detectar a trabajadores con enfermedades mentales y adicciones, y que sean canalizados y atendidos debidamente, sin afectar sus empleos.
La iniciativa plantea que las empresas con más de 50 empleados tengan que implementar dichos protocolos, elaborados de conformidad con los lineamientos que para tal efecto expidan las autoridades competentes, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Salud.
Señala la Diputada que se requiere abordar el tema de la atención a personas con trastornos mentales y con adicciones desde distintos frentes, al tratarse de una situación compleja, ya que, a pesar de ser un problema frecuente en la población mexicana, no suele atenderse como es debido.
Menciona que alrededor del 30% de la población mexicana padece de trastornos mentales, sin embargo, apenas una de cada cinco personas son tratadas por especialistas, y, quienes se atienden, tardan entre siete a 30 años en recibir tratamiento.
Además, de las personas que padecen trastornos mentales solamente una de cada diez busca por sí misma atención especializada, ya que por lo general recurren a personas de sus círculos cercanos para recibir ayuda, o se automedican.
La legisladora por Morena refiere que una de las principales razones por las que las personas con enfermedades mentales no son atendidas de manera debida, se debe a que se trata de una situación altamente estigmatizada por la sociedad, por ignorancia y prejuicios. Aunado a ello, para la persona que padece el trastorno le puede resultar difícil darse cuenta que tiene una enfermedad.
Asimismo, menciona que el problema de adicciones se encuentra directamente relacionado con el de enfermedades mentales, debido a que el abuso de sustancias propicia trastornos psicológicos, mientras que, por otra parte, es común que quienes padecen trastornos recurran al consumo de sustancias. Y añade que, en México, el abuso y dependencia a sustancias adictivas representa una crisis de salud pública, la cual ha incrementado en los últimos años, como lo demuestra información oficial.
Por ello, propone abordar esta situación desde el ámbito laboral. Que las grandes empresas en México, a las cuales no les afectaría cumplir con la obligación de implementar dichos protocolos, puedan facilitar la detección y atención de personas que padecen enfermedades mentales o adicciones.
Los protocolos se realizarían con base en lineamientos generales que emitan la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud, que permitan identificar a las personas con estos padecimientos, y canalizarlos para que reciban atención oportuna.
Con ello, se facilitaría la detección y atención de estas personas, además de protegerlas para que no pierdan su trabajo, ya que, como consecuencia de dichos padecimientos, los afectados suelen sufrir complicaciones en el desempeño de sus labores, lo que posteriormente suele culminar en su despido.
