Tijuana.- Las cuentas públicas de los tres años de gobierno de Gustavo Sánchez en la alcaldía de Mexicali, fueron rechazadas por unanimidad debido a una serie de irregularidades administrativas.
Por su gravedad, estas anomalías son investigadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y la Fiscalía Anticorrupción de Baja California.
Entre las conductas observadas por la Auditoría Superior del Estado y confirmadas por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y el pleno del Congreso local se encuentra el desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados, irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos, actos irregulares en la contratación y ejecución de obras y contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones.
Los informes individualizados de la Auditoria Superior del Estado detallan las anomalías que se presentaron en la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y ante el pleno del Congreso local donde se determinó rechazar las Cuentas Públicas del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019 en sesión ordinaria de del 27 de enero de 2022.
En los Dictámenes 41, 42 y 46 hay irrirregularidades entre las que se encuentran las asignaciones directas de obras e incrementos de gastos en obras públicas. Una de ellas es la repavimentación en el boulevard Gomez Morín a la calzada CETYS.
Ademas de beneficios a un centro de apuestas del oriente de Mexicali, otras anomalías son pagos de honorarios otorgados a personal administrativo por 36 millones de pesos, la comisión de cinco trabajadores al Sindicato de Burócratas por enfermedad sin desempeñar ninguna actividad lo que representó una erogación de 2 millones 680 mil pesos.
En el primer año de gobierno de Sánchez Vázquez se consideró el pago de 24 millones de pesos a 24 empleados que causaron baja y el pago de finiquito por pensión por edad de 18 trabajadores con un monto de 3 millones 374 mil pesos y 3 millones 374 mil pesos a 10 trabajadores de Oficialía Mayor por incapacidad permanente. Sin embargo, se incumplió el pago en perjuicio de empleados burócratas.
En esa administración no se reconoció contablemente el adeudo de agua por 173 millones de pesos correspondiente al periodo de 2014 a 2017.
Tampoco se registró la deuda de 58 millones de pesos por traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos en ejercicios 2014 y 2015.
