La Senadora por Baja California Gina Andrea Cruz Blackledge, manifestó que ante la cancelación por parte de la federación, de los apoyos económicos para los albergues de migrantes, se requiere dignificar sus condiciones, más aún cuando el problema de hacinamiento se agrava por la pandemia del Covid-19.
La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, presentó un Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria establezca acciones de carácter prioritario y de ejecución inmediata para garantizar a plenitud los servicios básicos y proteger la vida y la salud de las personas que se encuentran en albergues para migrantes.
Gina Cruz señaló que desde el año 2019 ha presentado Puntos de Acuerdo que aún no han sido resueltos, en los que solicita de manera urgente la solución al gobierno federal y al del Estado de Baja California, que reconsidere la cancelación de los apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil, que brindan apoyo a los migrantes en el Estado.
Recordó que la federación ha desactivado los recursos de apoyo y albergues pro migrantes que eran por más de 300 millones de pesos, que se destinaban para la gran labor de ayuda y nobleza para las personas que se quedaban varadas en el Estado.
“Exhorté al Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez a firmar a la brevedad, con el Gobierno Federal, el Decreto de Coordinación por el pago de energía eléctrica y agua potable, en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de atención en rehabilitación en el Estado”.
La pandemia del COVID-19 ha agravado la situación de los migrantes que se ubican en nuestras fronteras produciendo una crisis humanitaria de graves consecuencias que debe ser atendida.
Los albergues, además de los problemas de hacinamiento, pueden presentar carencias en algunos de sus servicios como ya sucedió en estos días en Baja California donde se dieron cortes de agua a albergues de migrantes, deportados y refugiados.
Esta situación es a todas luces inaceptable porque atenta contra las condiciones de vida de las personas que viven en dichos lugares y pone en riesgo su salud y bienestar humano.
“Ante estos escenarios, es urgente que el gobierno federal adopte medidas excepcionales para garantizar condiciones de vida digna en los albergues, atendiendo a los principios de nuestra política migratoria y privilegiando en todo momento el respeto y promoción incondicionales de los derechos humanos”.
Gina Cruz observó que México se ha beneficiado de manera especial de un aumento en las remesas del 3 por ciento en mayo de 2020, debido principalmente al paquete de estímulos de la administración Trump y a la posibilidad de que muchos compatriotas sean deportados.
Estos flujos de remesas son vitales para la economía mexicana y resultan de grandes sacrificios que llevan a cabo nuestros connacionales en los Estados Unidos de América.
“Quizás este hecho nos sirva para no olvidar nunca que nuestro país tiene una responsabilidad histórica con la migración internacional y el bienestar humano, independientemente de su nacionalidad”.
Agregó que además del despliegue de la Guardia Nacional, se violentó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al delegar la facultad migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hecho que se consumó con la publicación, el 19 de septiembre de 2019, del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria.
Gina Cruz recordó que desde la administración de Barack Obama el vecino del norte adoptó una política de deportación inédita que implicó el retorno de decenas de miles de compatriotas.
Con la administración del presidente Donald Trump las cifras de deportaciones disminuyeron, no obstante, de acuerdo a datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos nuestro país representó en 2019 cerca del 50 por ciento de todas las detenciones y deportaciones realizadas. Desde que era presidente electo, López Obrador prometió visa y trabajo para migrantes centroamericanos, lo que generó un incentivo para que los migrantes principalmente del triángulo del norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, se organizaran en una modalidad de migración no individual, que son las caravanas que han cruzado por nuestro país.
Estos flujos generaron una presión inédita en nuestras fronteras Norte y Sur, provocaron una reacción del gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente amenazó con imponer aranceles progresivos si no se contenían los flujos de transmigrantes.
Como resultado de la presión, el gobierno mexicano dio un giro radical a su política migratoria y desplegó a la Guardia Nacional a la frontera Sur, construyéndose así un muro humano que ha contenido los flujos migratorios.
No obstante, de acuerdo a datos del Primer Informe de Gobierno en 2019 había en nuestro país 24,092 migrantes, de los cuales más de la mitad se ubicaban en Baja California y Chihuahua y un 15% en Chiapas. Esta situación se ha agravado con la nueva política migratoria.
