En reconocimiento a los derechos de acceso a servicios para mujeres jefas de familia, mujeres en estado de gravidez, mujeres adultas mayores y mujeres con discapacidad, se presentó en sesión ordinaria exhorto respetuoso a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, al Instituto Estatal del Deporte, así como a los cinco Ayuntamientos de Baja California, para que en cumplimiento a los derechos humanos y el contexto jurídico vigente a favor de las mujeres y personas con discapacidad, se revisen y se adapten las instalaciones e infraestructuras urbanas, deportivas y de servicios públicos para favorecer la accesibilidad de este importante segmento de la población, particularmente, en los accesos a los sistemas de transporte público, así como unidades y centros deportivos.
En su exhorto la legisladora precisó que el Plan Estatal de Desarrollo, en su página 38, explica que: “En Baja California las mujeres forman parte de la población considerada en situación de vulnerabilidad, precisamente como consecuencia de la falta de igualdad de oportunidades en los ámbitos educativos, laborales, sociales, políticos, culturales, entre otros “.
Por lo que consideró trascendental que las políticas públicas, programas y acciones gubernamentales posean un enfoque estratégico en perspectiva de atención a las mujeres para lograr un tema esencial como lo es su derecho de accesibilidad.
“Es mi deber reconocer el trabajo de las legisladoras en este Congreso a favor de la Mujer, pero los compromisos con las mujeres y con las madres bajacalifornianas tiene que continuar para ampliar y tutelar efectivamente sus derechos”, dijo.
“Todo nos damos cuenta en los municipios como las mujeres jefas de familia andan maniobrando con sus hijos; muchas de ellas son adultas mayores, algunas en condición de embarazo, pero también, otras más con alguna discapacidad, para acceder a los espacios públicos. Como legisladores y gestores comunitarios, tendremos que asegurarnos que las medidas de protección en relación con su accesibilidad a instalaciones, infraestructuras y servicios sean las adecuadas”, agregó la Diputada.
Finalizó precisando, “Los derechos de las personas con discapacidad, dice la justicia federal: deben ser objeto de una protección con mayor intensidad por parte de todas las autoridades que conforman el Estado, a fin de lograr su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
