La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, manifestó que la iniciativa de contrarreforma eléctrica propuesta por el Presidente López Obrador es regresiva, fomenta el monopolio y atenta contra los bolsillos de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que adquirirá la energía más cara y contaminante, lo que se reflejará en los recibos de luz.
La legisladora por Acción Nacional se refirió a la iniciativa preferente que envió el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, con la que se revierte la reforma eléctrica, y que de aprobarse, le regresaría la preponderancia a la CFE en el mercado eléctrico mexicano.
Gina Cruz señaló que el Ejecutivo federal ha presentado esta iniciativa que no busca favorecer a los usuarios de la CFE con energías más limpias y más baratas, al contrario, esta solo tiene fines recaudatorios con los que la federación busca hacerse de más dinero.
Sin embargo, somos testigos de cómo se condonó un adeudo de 650 millones de pesos por concepto de consumo de energía eléctrica a usuarios de Tabasco, que tenían 25 años sin pagar el recibo de energía eléctrica, esto, alentados por el propio López Obrador.
Además, las reformas presentadas son regresivas en materia de política energética, abiertamente inconstitucionales al atentar contra la competitividad del sector, consolidan el monopolio estatal de la CFE para generar energía eléctrica, y violan acuerdos internacionales y leyes nacionales.
La iniciativa relega el uso de las energías renovables y privilegia la energía producida por las centrales hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad, explicó la Senadora bajacaliforniana.
Esta disposición afectará a las finanzas de la CFE ya que se elimina el incentivo para que se compre de manera prioritaria la electricidad más barata, así se destruyen los incentivos para generar energía a partir de fuentes renovables.
Ya la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión del miércoles 3 de febrero falló a favor de una controversia constitucional contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, con lo que la política eléctrica regresiva impulsada por el gobierno federal, se llevó su primer revés.
En la controversia promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica la Corte estimó que se busca favorecer a la CFE en detrimento de los productores privados de fuentes renovables. Este mismo razonamiento se aplicaría a la iniciativa preferente del Ejecutivo, explicó la legisladora.
La única persona que votó en contra de la resolución de la segunda sala fue la Ministra presidenta Yasmín Esquivel Mossa, quien fuera nombrada por el presidente López.
Gina Cruz señaló que la reforma y su apuesta por el monopolio estatal y el uso de energías fósiles viola lo dispuesto en la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, que prevén el aumento gradual en la participación de energías limpias en la industria eléctrica y la reducción de las emisiones de un 50 % al año 2050 con respecto al año 2000.
También se viola lo dispuesto en el artículo 32.11 del T-MEC el cual protege a los inversionistas en materia de energías limpias.
Con la reforma, se da una expropiación indirecta ya que hace que las inversiones en el sector sean inviables, lo que afecta las inversiones pasadas. Además, el sector eléctrico es uno de los seis que se encuentran cubiertos por el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado.
Se viola el Acuerdo Ambiental trilateral entre México-Estados Unidos de América y Canadá, el cual prevé reducir la contaminación y apoyar economías, fuertes, de bajas emisiones y resilientes, por lo cual las partes deben “promover: la eficiencia energética; el desarrollo de tecnologías rentables y de bajas emisiones; todas las fuentes de energía limpias y eficientes que mejoren la seguridad energética”.
También se violan los Acuerdos de París de reducción de emisiones de efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio climático. Con los Acuerdos México está obligado a informar periódicamente sobre sus emisiones y sobre los esfuerzos de aplicación del instrumento.
Se viola Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), ya que México incorporó la normatividad de la reforma energética, lo que abre a la libre competencia la generación de energía eléctrica.
La reforma prevé un esquema de retroactividad que viola la seguridad jurídica y afecta las condiciones establecidas en los contratos.
Con la reforma se modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos
Pone fin a las subastas lo que repercutirá en los precios al consumidor final
La reforma elimina la obligación de la subsidiaria de suministro básico de la CFE de comprar energía por medio de subastas, de esta forma no se garantizan los mejores precios al consumidor final, quien terminará pagando los costos transferidos por el Estado.
Además la reforma genera dependencia hacia el monopolio estatal toda vez que obligará a subsidiar las tarifas residenciales y agrícolas, con lo que se crean compromisos de gasto costosos para el gobierno federal, y se vulneran las finanzas de la CFE, aseveró Gina Cruz.
