La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc) del Congreso local, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, avaló de manera unánime el proyecto de dictamen que contiene una reforma al artículo 123 de la Constitución federal, cuyo objetivo es eliminar aquellas porciones normativas excluyentes y discriminatorias hacia los policías, ministerios públicos y peritos, las cuales no permiten su reinstalación laboral.
En su exposición de motivos, el inicialista Molina García argumentó que su iniciativa trata de eliminar la reforma discriminatoria a la Constitución de México que entró en vigor el 19 de junio del 2008, impulsada y promulgada por el entonces presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, mediante la cual se evita que policías, agentes del Ministerio Publico o peritos que hubieren sido privados de su encargo, no obstante obtener resoluciones judiciales favorables, ya no puedan ser reinstalados en sus adscripciones bajo ninguna circunstancia.
Este órgano de trabajo dictaminador también aprobó reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deportes del Estado, presentadas por el diputado Julio César Vázquez Castillo, que consisten en armonizar esa ley con las nuevas disposiciones y terminologías establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, así como establecer un nuevo marco facultativo para el Instituto del Deporte y la Cultura Física, así como el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, en materia de regulación deportiva.
El promovente subrayó la necesidad de regular los espacios públicos destinados para la práctica del deporte, los cuales dijo se encuentran carentes de control gubernamental al encontrarse su funcionamiento en manos de particulares, quienes entre otras cosas, realizan diversas prácticas que resultan perjudiciales a la población, tales como el cobro para el acceso a dichos espacios, el uso discrecional de los mismos, así como la venta de bebidas alcohólicas sin control.
De la misma manera se dio el sí a una propuesta legislativa del diputado Efrén Enrique Moreno Rivera, mediante la cual se reforma artículo 36 Bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de que, al momento que la autoridad sanitaria federal decrete un riesgo epidemiológico o sanitario, se interrumpa por el mismo tiempo los plazos de la evaluación o calificación crediticia.
Moreno Rivera puntualizó que las familias del país y de Baja California, en cumplimiento a los mandatos emitidos por las autoridades sanitarias a raíz de la pandemia del Covid-19, se vieron forzadas a mantenerse aisladas y, con ello, de manera directa en muchos de los casos, fueron mermadas en su capacidad adquisitiva, lo cual no les permitió cumplir con sus obligaciones crediticias; de allí la necesidad de su propuesta.
Por otro lado, la Comisión de Gobernación aprobó dos proyectos de dictamen que contienen iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo estatal. La primera de ellas modifica los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, con la finalidad de reconfigurar la integración de los Consejos de Administración de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.
Mediante la segunda iniciativa del Ejecutivo del Estado examina en la sesión, se reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: “Cuando la construcción de los caminos y puentes sea financiada por recurso federal o con participación estatal, concluida la concesión la infraestructura será transferida para su aprovechamiento, conservación y mantenimiento al estado. Por ningún motivo la concesión podrá extenderse por un plazo mayor al tiempo originario de la concesión”.
En el segundo transitorio se especifica que una vez aprobada la presente reforma, el tramo carretero de 89.4 kilómetros identificado como Carretera Escénica Tijuana-Ensenada 1d, inaugurada por el presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz el 25 de abril de 1967, pasará a ser patrimonio del Estado de Baja California como una carretera de libre tránsito.
En la sesión de la Cglpc estuvieron las y los legisladores integrantes Juan Manuel Molina García, presidente; Rosina del Villar Casas, secretaria, y los vocales Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Eva Gricelda Rodríguez, Julia Andrea González Quiroz, Julio César Vázquez Castillo y Gerardo López Montes.
