El Pleno de la Vigésima Primera Legislatura local aprobó en la sesión ordinaria de ayer, el dictamen número 77 de la Comisión de Justicia que contiene una reforma al artículo 224 Bis del Código Penal de Baja California, con el propósito de incluir tres supuestos que agravan la pena impuesta a los delincuentes que cometen el delito de extorsión.
El inicialista es el diputado José Alberto Martínez Carrillo, quien propuso aumentar la pena al extorsionador cuando emplee la violencia física; cuando sea o haya sido, o se ostente como integrante de alguna institución de seguridad pública o corporación policiaca, o cuando el autor del delito sea o haya sido, o se ostente como servidor público y se utilicen los medios o circunstancias proporcionados por estos.
En ese sentido, cuando se dé uno de los supuestos mencionados en la comisión de dicho delito, la pena -que actualmente es prisión de 6 a 10 años y hasta 400 días multa- se agravará hasta en una mitad más y hasta 500 días de multa.
“La extorsión tiene efectos económicos importantes para las personas que son víctimas de ésta. Si tenemos en cuenta las distintas modalidades de este delito como el engaño telefónico, amenazas, secuestros virtuales o cobro de piso, hemos de convenir en que las consecuencias son múltiples y de una naturaleza muy variada”, explicó en su exposición de motivos el legislador del Partido Nueva Alianza.
Refirió que este delito es la acción de usurpar, separar y arrebatar por la fuerza una posesión a una persona, o realizar cualquier daño o perjuicio. Agregó que de conformidad con el Código Penal del Estado, se tipifica como “al que para obtener un lucro obligue a otro, a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.”
Informó que según un análisis realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano respecto de la extorsión, durante los últimos años en México se ha hecho referencia a este delito como una de las principales conductas que afectan la tranquilidad y seguridad de la sociedad en su conjunto, al grado que se menciona cierta normalización de la extorsión dada su cotidianidad.
Explicó que su iniciativa va en el sentido de darles un trato más duro a los policías de cualquier corporación que se involucren en la comisión de este delito, ya que en Mexicali se ha informado de casos escandalosos de agentes involucrados en extorsionar, por ejemplo, a figuras del deporte. Dijo que también ha recibido de ciudadanos, quejas de inspectores o seudoinspectores que se apersonan para solicitar dinero a cambio de evitar sanciones.
