En la presente semana, se espera que los diputados federales discutan la minuta del Senado de la República respecto a la Ley General de Educación Superior, explicó la Diputada Federal, Lizbeth Mata Lozano, sin embargo, afirmó que si no se asigna presupuesto público, solo quedará en retórica, más simulación y no una solución real e integral.
La legisladora adelantó que en esta semana, es probable que las bancadas debatan la aprobación de dicha minuta, ya que la ley vigente es obsoleta y limitante para la Coordinación de la Educación Superior y del mandato constitucional contenido en el Artículo 3º, así como del último párrafo del artículo 119 de LGE, que remite los detalles de financiamiento de la LGES.
En esta iniciativa, explicó, participaron diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios, así como instituciones de educación superior, asociaciones, especialistas y miembros de la comunidad académica.
La Diputada del Partido Acción Nacional, señaló que la educación superior es un reto para México, que se debe afrontar y estar en constante perfeccionamiento, sobre todo en materia de financiamiento.
La Diputada señaló que en la actualidad como país estamos inmersos en una crisis de salud y económica, sin embargo la educación, al igual que la generación de empleos, el impulso al desarrollo económico y el rescate de la salud de los mexicanos, también debe ser una prioridad, pues está comprobado que rendirá frutos a mediano y largo plazo, por tratarse de la formación y preparación de las generaciones conformadas por jóvenes, que reclaman mejores condiciones de vida y bienestar.
Como diputados, afirmó, no podemos legislar sobre derechos sociales, y no asignarle recursos económicos, pues se trata de simulación, reiteró Mata Lozano.
Principales aportaciones de esta Ley General de Educación Superior:
• Establece un Sistema Nacional de Educación Superior, con espíritu federalista, reconociendo los sistemas locales jurisdicción de las entidades federativas y las autonomías institucionales.
• Distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno.
• Establece la obligatoriedad de la educación superior para el Estado.
• Se insertan mecanismos para que el derecho a la educación sea exigible, justiciable y progresivo.
• Se establece un sistema de evaluación como punto de partida para ordenar la dispersión existente, rescatando el trabajo de las instancias evaluadoras y acreditadoras existentes.
• Se reconoce la diversidad de las instituciones de educación superior.
¿Cuáles son los temas relevantes en la ley?
• Gobernanza. Basada en el federalismo y en la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Se respeta la autonomía universitaria y la decisión de las entidades federativas en la materia, estableciendo criterios y parámetros generales.
• Sistemas locales. Se faculta a las entidades federativas para que sean ellas quienes determinen la planeación y el crecimiento de las instituciones de educación superior (IES) en su jurisdicción, bajo un modelo federalista.
• Financiamiento. Se crea un fondo especial para atender los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, al cual tanto la federación como los gobiernos locales deberán asignarle presupuesto de forma anual y sostenida, adicional a los recursos destinados actualmente a educación superior.
• Movilidad. Se sientan las bases para la movilidad estudiantil y del personal académico, tanto nacional como internacional, a fin de promover el intercambio y el enriquecimiento de experiencias.
• Evaluación y acreditación. A fin de contribuir a aumentar la calidad de la educación, se crea un sistema de evaluación y acreditación.
Avances en el derecho a la educación:
• Se reconoce la obligación del Estado a brindar este tipo de educación y a llevar a cabo acciones para ampliar la oferta educativa.
• Se insertan mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad para hacer efectivo el derecho a la educación.
• Se establecen criterios y fines para orientar la educación superior.
• Se privilegia el derecho de los estudiantes a recibir educación de excelencia.
• Se establece un espacio de movilidad nacional, a fin de facilitar que los estudiantes continúen sus estudios y aprendan de los intercambios.
Avances en Autonomía:
• Se resguardan las garantías constitucionales, reconocidas en la fracción VII del Artículo 3º constitucional, de las universidades autónomas.
• Se intenta evitar la intromisión, por parte de los congresos locales, en las materias que son facultad y responsabilidad de las universidades autónomas.
Avances en Gobernanza:
• Se establece un Sistema Nacional de Educación Superior.
• Reconocer los sistemas locales de educación superior y facultar a las entidades federativas para organizar a las instituciones de educación superior en sus territorios.
• Se crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior como la instancia coordinadora del sistema nacional.
• Se crea el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, a fin de deliberar y consultar las decisiones de la comunidad normalista.
• Se tipifican tres subsistemas de educación superior para organizar la participación en las instancias de coordinación.
• Se reconoce la aportación de las instituciones de educación superior particulares y se avanza en la simplificación de trámites sin arriesgar la calidad de la educación.
Avances en Financiamiento:
• Se crea un fondo especial federal con el objetivo de cumplir con los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad.
• Se estipula que los presupuestos federales y estatales correspondientes deberán asignar recursos a este tipo educativo de forma anual y, que no podrán ser inferiores en términos reales al año anterior.
• Se salvaguardan las finanzas de las instituciones públicas de educación superior.
• Se reconoce la existencia de recursos extraordinarios que podrán ser solicitados por las instituciones de educación superior que así lo requieran.
Avances en Evaluación y Acreditación:
• Se establece un Sistema de Evaluación y Acreditación.
• Se reconoce la experiencia de las instancias evaluadoras y acreditadoras.
