La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, manifestó que el Gobierno federal impone cobros ilegales y meramente recaudatorios, por lo que exhortó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a abstenerse de realizar estos cobros, y solicita la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), ya que con estas acciones se afecta al comercio exterior.
Es por esto que la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, del Senado de la República, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al SAT, abstenerse de realizar cobros por Derechos retroactivos a maquilas con la finalidad de obligarlas a renovar su Autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en Comercio Exterior.
También exhorta a la Prodecon, se pronuncie al respecto de estos cobros ilegales.
Gina Cruz recordó que las empresas que están en el programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) no pagaban derechos por renovar su certificación.
“Ahora el SAT quiere cobrarles de manera retroactiva, cuotas que van desde los 24 mil 506 pesos correspondiente a 2015 hasta 29 mil 747 pesos para 2020, para las certificaciones en IVA, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), para la comercializadora e importadora, los operadores económicos autorizados y el socio comercial certificado.
“Lo que claramente representa una afrenta contra este sector tan importante para la economía nacional, y más en estos tiempos tan apremiantes en los que se necesita certidumbre para el intercambio de mercancías, privilegiar las condiciones económicas para la inversión, la creación y no pérdidas de empleos, pero sobre todo, apoyar al sector productivo en estos tiempos difíciles.
“El SAT ha reiterado y amenazado que, de no pagar, las empresas perderán su registro y beneficios de certificación que lograron para no ser afectadas con la reforma fiscal de 2014”.
Como se trata de una medida arbitraria, de una interpretación discrecional por parte de la autoridad fiscal, y es una medida solo recaudatoria y sin sustento en la ley, debe intervenir a la brevedad la Prodecon, señaló la Senadora por Baja California.
Explicó que la Prodecon es la instancia competente para pronunciarse al respecto, y debe dar su opinión colegiada, y precisar la actuación de la autoridad fiscal, ya que, de lo contrario, la industria maquiladora estará amenazada a pagar arbitrariamente.
Toda vez que, cuando las empresas intenten renovar la Autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en Comercio Exterior, el SAT tendrá argumentos para cuestionar que no se han pagado los derechos y suspender las operaciones de estas empresas y afectar gravemente el comercio exterior.
