La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Backledge, presentó una iniciativa con el fin de terminar con la discrecionalidad en la asignación de contratos y limitar que las asignaciones directas no rebase el 30 % de lo asignado al monto destinado a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
“Pongamos un alto a la discrecionalidad y a la opacidad. Hagámoslo por el bien de esta generación y por las generaciones futuras”.
La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, presentó ante el pleno, iniciativa con proyecto de decreto con reformas y adiciones a diversos Artículos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos, en materia de límites a los procesos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres.
La adición de un tercer párrafo al Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, quedó como sigue:
“En ningún caso, el total de las excepciones a las licitaciones, dentro del plazo de un año podrá ser superior al treinta por ciento del monto total destinado a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, debiéndose en cada caso fundar y motivar las causas de las excepciones, con base a lo dispuesto en la presente Ley”.
Gina Cruz argumentó que en años recientes, se ha abusado del mecanismo de adjudicación directa o de invitación a cuando menos tres personas. La licitación que, por regla constitucional, debe ser el proceso típico de contrataciones, arrendamientos y servicios, se ha dejado de lado.
De esta forma, no se garantiza la transparencia ni el uso adecuado de los recursos públicos y no se evita la tentación de que los gobernantes manden edificar obras por capricho sexenal que, en ocasiones, no se concluyen y a veces terminan como grandes “elefantes blancos”.
El objeto de la reforma es que en ningún caso el total de las excepciones a las licitaciones, dentro del plazo de un año, podrá ser superior al 30 % del monto destinado a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Así, se obliga a observar el precepto constitucional, al prever que la licitación deba ser el procedimiento dominante en materia de adquisiciones, observó la senadora por Baja California.
Además, se prevé que la Secretaría de la Función Pública no podrá abstenerse de iniciar procedimientos de investigación para aplicar sanciones.
“La reforma que propongo limitará de manera importante el abuso en el ejercicio de los recursos públicos, obligando a que los procesos de licitación sean la regla y no la excepción”.
La legisladora mexicalense expuso que la Constitución general en su artículo 134, párrafo tercero señala que:
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”.
“El mandato es claro: la licitación es el esquema que debe prevalecer en toda contratación gubernamental. Sólo las licitaciones garantizan procesos transparentes, ya que las propuestas de quienes pueden realizar obras y otorgar servicios públicos deben ser solventes y presentarse en sobre cerrado”.
Además, dijo, dichas propuestas deben asegurar “al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
