Mexicali, B. C., lunes 13 de julio de 2026.– La difusión de un segundo audio atribuido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, vuelve a profundizar la crisis de credibilidad que enfrenta el Gobierno de Baja California. Lejos de disipar las dudas, las nuevas revelaciones fortalecen la exigencia de que la mandataria deje de ocultar información y explique con absoluta transparencia cuál es su verdadera situación jurídica frente a las autoridades de Estados Unidos.
El Partido Acción Nacional en Baja California, a través de la presidenta Lizbeth Mata Lozano, exige que Marina del Pilar se separe de manera inmediata de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, así como del ejercicio del cargo de gobernadora, mientras se esclarecen los procedimientos que enfrenta en Estados Unidos. Baja California no puede tener al frente de la estrategia de seguridad a una gobernadora cuya situación internacional genera incertidumbre y puede afectar la coordinación institucional con las autoridades de ambos países.
Asimismo, exigimos que deje de mentirle a las y los bajacalifornianos. Después de negar durante semanas distintos señalamientos, hoy se confirma que contrató a un abogado en Miami para atender su caso. La ciudadanía tiene derecho a saber con qué recursos se están cubriendo esos servicios legales, cuánto cuestan, quién los paga y si existe o no el uso de recursos públicos para atender un asunto estrictamente personal. La transparencia no puede ser selectiva cuando se trata de la titular del Poder Ejecutivo.
El PAN también demanda al Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum que dejen de guardar silencio frente a una crisis que ya trasciende las fronteras del estado. La incertidumbre sobre la situación jurídica de la gobernadora, incluyendo las versiones públicas sobre posibles procedimientos que pudieran derivar en solicitudes de cooperación internacional o incluso una eventual petición de extradición si existieran cargos formales en su contra, obliga al Gobierno de México a actuar con responsabilidad institucional y no con cálculos políticos. Baja California merece un gobierno que genere confianza, no uno envuelto en dudas, contradicciones y opacidad en un tema que puede comprometer la seguridad y la relación binacional del estado.
