- La reforma fortalece la participación de madres y padres de familia en la selección de posibles proveedores de uniformes.
- Busca garantizar mejores precios, mayor calidad y proteger la economía de las familias bajacalifornianas.
Mexicali, Baja California., 4 junio 2026- El Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja para eliminar las ventas exclusivas de uniformes escolares y brindar a las familias más opciones para adquirirlos con mejor calidad y a precios accesibles.
La reforma modifica los artículos 6, 107 y 120 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, estableciendo que la autoridad educativa estatal deberá emitir lineamientos para que las escuelas públicas y particulares, en coordinación con las asociaciones de madres y padres de familia, puedan acordar posibles proveedores de uniformes escolares que ofrezcan las mejores condiciones de calidad y precio.
La legisladora destacó que esta medida responde a una problemática que durante años ha afectado a miles de familias, quienes en muchos casos se han visto obligadas a adquirir uniformes con proveedores específicos, limitando su capacidad de elegir opciones más económicas y de mejor calidad.
“Esta reforma pone en el centro a las familias. Las madres y padres de familia tendrán voz en la determinación de posibles proveedores, evitando prácticas que encarecen los uniformes escolares y afectan directamente la economía del hogar”, señaló.
La iniciativa deja claro que los proveedores acordados serán únicamente una referencia para las familias y que no existirá obligación alguna de comprar con determinado comerciante, respetando en todo momento la libertad de elección.
Durante el análisis legislativo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto reconoció que esta reforma contribuirá a frenar monopolios y exclusividades forzosas en la venta de uniformes escolares, promoviendo procesos más transparentes y justos para las familias bajacalifornianas.
Entre los beneficios de la reforma destacan:
- Protección de la economía familiar.
- Libertad para elegir al proveedor de uniformes.
- Mejores precios y mayor calidad.
- Participación activa de madres y padres de familia en la toma de decisiones.
- Condiciones más equitativas para el acceso a la educación.
Asimismo, se estableció que la Secretaría de Educación deberá emitir los lineamientos correspondientes dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Yohana Gilvaja reiteró su compromiso de continuar impulsando iniciativas que generen beneficios directos para la ciudadanía y fortalezcan el acceso a una educación más justa, inclusiva y accesible para todas y todos.
“Legislar significa atender las necesidades reales de la gente. Esta reforma representa un paso importante para proteger el bolsillo de las familias y garantizar que ninguna niña o niño vea limitado su acceso a la educación por razones económicas”, concluyó.
